En el corazón de la controversia por la denuncia de difusión indebida de imágenes íntimas que involucra al Presidente Gabriel Boric, emerge una cuestión fundamental: ¿cómo debe gestionarse el acceso a información judicial por parte de autoridades públicas? Este caso pone bajo la lupa los límites éticos y legales en la pesquisa de causas judiciales.
Desde La Moneda, la vocera Camila Vallejo defendió que los abogados del Presidente accedieron a la denuncia mediante el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), un procedimiento público destinado a juristas acreditados. Según explicó, este acceso fue parte de un monitoreo habitual de causas que podrían impactar a miembros del Ejecutivo. Sin embargo, el abogado Miguel Schürmann reveló que la información fue proporcionada por la Fiscalía de Magallanes tras un requerimiento, al no poder obtenerla directamente a través del sistema.
La transparencia en el acceso a causas judiciales es esencial, pero también lo es el respeto a las garantías legales que protegen a los involucrados. En Chile, el derecho procesal penal establece estrictas salvaguardas en torno al secreto de las investigaciones para evitar filtraciones que puedan revictimizar o afectar derechos fundamentales. Acciones fuera de este marco no solo podrían considerarse irregulares, sino que también socavan la confianza en las instituciones.
La pesquisa de causas por parte del gobierno, incluso si tiene fines preventivos o estratégicos, debe cumplir con los estándares legales y éticos. Cualquier desvío podría generar percepciones de abuso de poder o interferencia indebida. Este caso, además de ser un desafío legal, plantea una reflexión más amplia: ¿cómo equilibrar el acceso a información de interés público con el deber de proteger los derechos de las personas?
En tiempos donde la confianza en las instituciones está en constante escrutinio, este episodio subraya la necesidad de que el gobierno maneje con extremo cuidado la información judicial, respetando siempre los límites que establece el Estado de derecho. La transparencia no solo implica comunicar actos, sino también actuar dentro de un marco ético y legal que garantice la justicia para todos, sin excepciones.
