Ministerio del Trabajo pide renuncia de superintendenta de Seguridad Social por polémica de licencias médicas

Ministerio del Trabajo remueve a Pamela Gana en medio de cuestionamientos por inacción ante licencias irregulares

En el marco de la polémica generada por el uso indebido de licencias médicas, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia de la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana Cornejo. La decisión se produjo luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero durante periodos de reposo médico.

En un comunicado oficial, la cartera dirigida por el ministro Giorgio Boccardo confirmó la salida de Gana y aseguró que se respetarán los procesos de Alta Dirección Pública para el nombramiento del reemplazo, conforme a las normativas establecidas por el Servicio Civil.

Patricia Soto Altamirano asume de manera subrogante

De forma interina, la fiscal de la Suseso, Patricia Soto Altamirano, asumirá la subrogancia legal de la entidad mientras se lleva a cabo el proceso de nombramiento del nuevo titular.

Convenio con la PDI bajo la lupa: comisión del Senado exige explicaciones

El caso ha generado fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Pamela Gana, especialmente porque desde 2014 la Superintendencia mantenía un convenio con la Policía de Investigaciones (PDI) que le permitía acceder a los mismos antecedentes utilizados por la Contraloría para elaborar el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), herramienta clave en la detección del fraude.

A inicios de junio, Gana fue citada a la comisión de Salud del Senado para explicar por qué no se activó el cruce de datos que podría haber anticipado el problema.

Contexto político y presión pública aceleraron la decisión

La salida de Gana ocurre en un contexto de creciente presión pública y parlamentaria por esclarecer y sancionar los casos de licencias fraudulentas en el aparato público. La decisión del Ejecutivo busca responder al malestar ciudadano y fortalecer los mecanismos de fiscalización en el sistema de seguridad social.