Caso María Ercira Contreras: Nueva hipótesis apunta a omisiones clave del Ministerio Público

A un año de la desaparición de María Ercira Contreras en el fundo Las Tórtolas, comuna de Limache, la investigación sigue estancada, sin responsables ni resultados concretos. Pese al dolor persistente de la familia, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones han sido objeto de crecientes cuestionamientos por la falta de diligencia y la omisión de líneas investigativas clave.

 Una línea de investigación desestimada

Recientemente, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, expuso una hipótesis hasta ahora ignorada por las autoridades: la posible participación o conocimiento de trabajadores extranjeros de nacionalidad haitiana, quienes estaban presentes en el fundo al momento de la desaparición. Llama la atención que, pese a su presencia en el lugar, ninguno ha sido interrogado por la Fiscalía, lo que constituye una omisión grave en el proceso.

Este nuevo enfoque cobra relevancia no solo por la proximidad física de los trabajadores al sitio de los hechos, sino también por el marco cultural en el que se desenvuelven. Según lo planteado por Manríquez, algunos de ellos estarían ligados a la cosmovisión religiosa acholi, la cual sostiene que la cercanía con un cuerpo fallecido en circunstancias violentas puede generar consecuencias espirituales negativas, afectando incluso la voluntad de declarar.

 Una investigación que excluye lo cultural

Desde la perspectiva jurídica y criminológica, resulta preocupante que el Ministerio Público haya descartado esta línea sin un análisis mínimo de su posible relevancia. La investigación penal moderna ha incorporado variables culturales, simbólicas y espirituales como parte del análisis integral de los hechos delictivos. Omitirlas sin fundamento técnico puede llevar a errores graves en el esclarecimiento de la verdad.

Las creencias religiosas o culturales, lejos de ser irrelevantes, pueden ser determinantes en la conducta de testigos o eventuales involucrados, particularmente cuando estas creencias imponen silencios, temores o rituales ante la muerte.

Principio de objetividad y deber de diligencia

El principio de objetividad, consagrado en el artículo 83 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, exige investigar todas las hipótesis razonables, incluso aquellas que escapen al análisis tradicional. En este caso, la falta de interrogatorios a personas claves que estuvieron en el lugar vulnera dicho principio, afectando no solo la investigación, sino también el derecho de la familia de María Ercira a conocer la verdad.

Más aún, esta omisión podría constituir una forma de negligencia institucional, al no agotarse una línea legítima de indagación. Si estos testimonios fuesen desestimados únicamente por su trasfondo espiritual o cultural, estaríamos frente a una forma de discriminación investigativa, contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 Un llamado urgente a reorientar la investigación

El caso de María Ercira revela una vez más la necesidad de un enfoque investigativo integral y pluralista, donde lo cultural y lo social tengan un lugar en la construcción de la verdad. No basta con seguir procedimientos estándar si estos excluyen realidades que podrían ser claves.

El Ministerio Público y la PDI están llamados a superar los prejuicios y abrirse a todas las aristas del caso. No hacerlo no solo debilita la eficacia del proceso penal, sino que también vulnera derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.