Fundación Salvador Allende recibe $98 millones del Estado tras polémica por compra fallida de casa en Guardia Vieja

A un mes y medio de que estallara la controversia por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) transfirió $98.156.000 a la Fundación Salvador Allende para su funcionamiento general. La operación se concretó el pasado 7 de marzo, bajo el amparo de la resolución exenta N°225, firmada por el director (s) del organismo, Gustavo Poblete.

 Detalles del destino de los fondos

Según el documento oficial, los recursos tienen como propósito financiar actividades que van desde la administración contable y general, la actualización y conservación de la biblioteca, hasta la creación de contenido web y el levantamiento de catastros de documentación histórica.

Asimismo, el financiamiento contempla la realización de dos conversatorios sobre democracia, solidaridad, paz y derechos humanos; actividades educativas con jardines infantiles y escuelas públicas; e incluso la instalación de una exposición permanente en la sala Fundación Salvador Allende del Museo de la Solidaridad.

Más de $295 millones transferidos bajo el gobierno de Boric

Esta nueva transferencia se suma a los $197.298.248 que la misma fundación ha recibido durante la administración del presidente Gabriel Boric. En 2023, se realizaron dos aportes por $85.060.000 en abril y $10.116.260 en noviembre. En 2024, hubo otros dos desembolsos: uno en enero, por $88.037.000, y otro en septiembre, por $14.084.988.

Pese al flujo constante de recursos estatales, la fundación ha atravesado episodios críticos en el pasado. En 2017, por ejemplo, debió ceder obras de arte para saldar deudas relacionadas con su sede ubicada en calle República.

 El rol de Isabel Allende y la presidencia de Tambutti

La fundación es presidida por Marcia Tambutti, nieta del expresidente y actual figura activa en el espacio cultural. Su madre, la senadora Isabel Allende —destituida recientemente de su cargo por el Tribunal Constitucional debido a su participación en la fallida operación inmobiliaria—, figura en los registros como miembro honorario de la ONG, sin recibir remuneración.

Cómo se distribuirán los $98 millones

Del total transferido, el 89,79% —equivalente a $88.136.120— será destinado a gastos de personal, incluyendo sueldos, honorarios, finiquitos, bonos y cotizaciones sociales. La fundación cuenta actualmente con seis trabajadores a contrata y cinco directores.

El convenio contempla también $10.019.880 para bienes y servicios, incluyendo reparaciones, mantenciones y servicios generales. La ejecución de los fondos deberá ajustarse estrictamente al plan de gestión acordado, permitiendo una flexibilidad del 10% en actividades previa aprobación técnica del Serpat.

 Restricciones y exigencias del convenio

El documento establece que los fondos no podrán destinarse a personal del Serpat ni a funcionarios con vínculo contractual con dicha entidad. También se restringen remuneraciones que excedan los 138 UF brutas mensuales (unos $5.374.482), debiendo la fundación cubrir cualquier exceso con recursos propios.

Asimismo, se exige la devolución de los fondos no ejecutados o mal rendidos al finalizar el año fiscal. Los recursos pueden ser utilizados para programación, diseño, viajes, arriendo de inmuebles y adquisición de activos esenciales, como equipos o software, siempre que estén directamente vinculados al cumplimiento de los objetivos del convenio.

 El fallido proyecto de la Casa Museo en Guardia Vieja

En el marco de la investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper, se dio a conocer la existencia de un proyecto presentado por Felipe Vio —yerno de la senadora Allende— y el arquitecto Genaro Cuadros, denominado “Guardia Vieja 392 Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”.

La iniciativa contemplaba la compra del inmueble por parte del Estado, para luego entregarlo en comodato a una nueva entidad llamada Fundación Casa Museo Salvador Allende. Según declaró José Cortés, abogado del Serpat, se sugirió analizar la legalidad y sostenibilidad del proyecto antes de avanzar en su ejecución.