Caso Koddpa y el fracaso preventivo del Estado: responsabilidad urgente en la era digital

Un esquema piramidal virtual que expone las debilidades estatales

La estafa digital protagonizada por la aplicación Koddpa, que ha provocado millonarias pérdidas económicas a cientos de familias chilenas, no es un hecho aislado ni anecdótico. Este caso refleja una profunda fragilidad institucional frente a nuevas formas de criminalidad digital que avanzan más rápido que la capacidad del Estado para prevenirlas.

Por Ricardo Bravo Cornejo | Abogado – Administrador Público

Presentada como una supuesta plataforma de inversión en dólares, Koddpa operaba a través de una aplicación móvil que simulaba operaciones de compraventa de divisas. Como en toda pirámide, las ganancias iniciales estaban aseguradas y la expansión se sustentaba en la confianza entre conocidos. Este modelo facilitó la masificación del fraude y dificultó su detección oportuna.

 El fallo preventivo del Estado chileno

Más allá de la persecución penal a los responsables, la gran pregunta es por qué el Estado no logró anticipar, regular ni advertir sobre este esquema. El caso Koddpa evidencia una falla sistémica de la administración pública, marcada por la ausencia de mecanismos eficaces para detectar riesgos digitales emergentes.

Entre los principales factores que explican este fracaso preventivo se encuentran:

• Escasa alfabetización digital y financiera, especialmente en sectores medios y vulnerables.

• Falta de fiscalización activa por parte de entidades como la CMF, SERNAC y el Ministerio del Interior.

• Ausencia de normativas específicas para plataformas de inversión informales.

• Desconexión institucional, que impide una respuesta coordinada y oportuna.

 Ciudadanía vulnerable y falta de protección estatal

Las víctimas de Koddpa no pertenecen exclusivamente a sectores de alta exposición financiera. Se trata, en su mayoría, de profesionales independientes, jóvenes, adultos mayores y trabajadores de clase media, que buscaron una oportunidad de ingresos en medio de la incertidumbre económica.

Este fenómeno pone en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos ante delitos que no se cometen en las calles, sino en entornos digitales sofisticados y difíciles de rastrear. La pasividad institucional permitió que una plataforma no regulada operara libremente, sin control ni advertencias públicas previas.

 Administración pública: entre la burocracia y la inacción

Aunque el Estado ha promovido procesos de modernización, la burocracia tradicional sigue predominando, dificultando respuestas ágiles y preventivas. La creación de unidades especializadas en cibercrimen, como las de la PDI o el Ministerio Público, son avances importantes, pero insuficientes si no se articulan con una política pública preventiva de base.

Actualmente, no existen protocolos de alerta temprana, ni una institucionalidad con capacidad técnica para monitorear plataformas de inversión en tiempo real. Además, la falta de interoperabilidad entre organismos públicos ralentiza cualquier intento de acción conjunta.

Propuestas urgentes desde la administración pública

Ante este escenario crítico, urge repensar la gobernanza digital del Estado, incorporando herramientas modernas y coordinadas de prevención, fiscalización y educación. Entre las propuestas concretas destacan:

1. Estrategia Nacional de Alfabetización Financiera Digital: Coordinada por el Ministerio de Educación, Economía, Banco Central y CMF, con programas desde la educación escolar hasta iniciativas comunitarias para adultos mayores.

2. Registro obligatorio de plataformas tecnológicas de inversión: Toda app o servicio que opere en Chile con fines financieros debe estar inscrito en un registro público administrado por la CMF o un ente coordinador.

3. Unidad de Prevención de Fraudes Digitales en el Ministerio del Interior: Con atribuciones para emitir alertas, bloquear preventivamente plataformas sospechosas y coordinar acciones entre PDI, SERNAC y otras instituciones.

4. Fondo de compensación estatal para víctimas: Similar a los seguros de depósitos bancarios, que funcione como resguardo en casos donde la omisión estatal haya facilitado el fraude.

5. Gobernanza participativa en ciberseguridad económica: Incorporación de expertos, asociaciones de consumidores y organizaciones sociales en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de delitos digitales.

El delito ya no se esconde: se descarga como una app

El caso Koddpa obliga a repensar el rol del Estado en la era digital. Hoy, el crimen no se oculta en callejones oscuros ni en zonas rojas: se disfraza de plataformas financieras legítimas, se comparte por redes sociales y se instala en el celular de cualquier ciudadano.

El Estado no puede seguir actuando de forma reactiva y tardía. La ciudadanía exige instituciones públicas que anticipen, informen, prevengan y actúen con decisión, sin esperar a que el daño esté consumado.

La transformación de la administración pública no es solo deseable: es urgente. Solo a través de un Estado más moderno, coordinado y proactivo, será posible enfrentar los desafíos del siglo XXI y reconstruir la confianza ciudadana en un entorno digital cada vez más riesgoso.