Ministerio de Seguridad Pública: ¿Solución estructural o nuevo derroche institucional?

El nacimiento de una nueva institucionalidad

El pasado 1 de abril de 2025 marcó un hito en la estructura del aparato estatal chileno: comenzó oficialmente a operar el Ministerio de Seguridad Pública. Sin marcha blanca ni periodo de transición, esta cartera asumió de inmediato funciones críticas como la prevención del delito, la coordinación con las policías y el diseño de estrategias contra el crimen organizado. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una solución estructural que permitirá enfrentar con mayor eficacia la creciente inseguridad, o simplemente ante una nueva capa burocrática que terminará reproduciendo los errores del pasado?

La creación de este ministerio surge en un contexto de profunda inquietud ciudadana. La percepción de inseguridad ha escalado de forma sostenida en los últimos años, al punto de convertirse en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El Gobierno ha optado por una respuesta institucional robusta, pero aún está por verse si será también eficaz.

Por Ricardo Bravo Cornejo, Abogado, Administrador Público y Magíster en Gobierno y Administración Pública

Fragmentación institucional: el gran desafío

Uno de los principales retos que enfrenta esta nueva entidad es la superación de la fragmentación institucional. Hasta ahora, la seguridad pública en Chile ha estado distribuida entre múltiples actores: el Ministerio del Interior, Carabineros, la PDI, municipios y otros organismos. Esta dispersión ha derivado en duplicidades, vacíos de coordinación y un uso poco eficiente de los recursos.

La instauración de un ministerio exclusivo supone una oportunidad para articular un sistema coherente y eficiente. Sin embargo, ese objetivo sólo se alcanzará si se establecen con claridad sus competencias, capacidades operativas y mecanismos de integración con otras instituciones. De lo contrario, existe el riesgo de que se transforme en otro elefante blanco del Estado, generando más burocracia que soluciones.

¿Más control o más prevención?

Una de las claves del éxito del nuevo ministerio será su orientación estratégica. Si su foco se limita al control del delito mediante el aumento de la dotación policial, es probable que reproduzca los fracasos de enfoques pasados. La experiencia internacional demuestra que las políticas de seguridad más efectivas son aquellas que abordan de forma integral las causas estructurales de la violencia y la criminalidad.

Esto implica incorporar una mirada preventiva, actuando sobre factores como la pobreza, la exclusión social, la deserción escolar, el desempleo juvenil y la falta de oportunidades en los territorios más vulnerables. Prevenir no sólo es más eficiente en términos de resultados, sino también menos costoso para el Estado a largo plazo.

La presión de la inmediatez y el costo fiscal

Al no contar con un período de instalación gradual, el Ministerio de Seguridad Pública enfrenta una alta exigencia pública. La ciudadanía no sólo espera una mejora en las cifras delictuales, sino también un impacto tangible en la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del tejido social y una sensación real de mayor seguridad en los barrios.

Pero este ambicioso cometido tiene un precio. La implementación de una nueva cartera ministerial implica una importante carga fiscal: contratación de personal, infraestructura, tecnología, sistemas de gestión y procesos de evaluación. En este sentido, la eficiencia del gasto será un factor crítico. No se trata simplemente de asignar más recursos, sino de asegurar que cada peso invertido tenga un retorno claro en términos de bienestar y seguridad ciudadana.

Legitimidad, transparencia y participación

La legitimidad del Ministerio de Seguridad Pública no puede descansar únicamente en su marco legal o en su visibilidad mediática. Su fortaleza deberá construirse a partir de prácticas institucionales sostenidas en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En materia de seguridad, la desconfianza hacia las instituciones puede ser tan dañina como la violencia misma. Por eso, será fundamental que el nuevo ministerio establezca canales de comunicación y colaboración con las comunidades, promoviendo una cultura de corresponsabilidad en la prevención del delito. La seguridad no se impone desde arriba; se construye desde los territorios.

Conclusión: entre la esperanza y el escepticismo

La creación del Ministerio de Seguridad Pública representa una apuesta política de envergadura. Pero como toda gran reforma institucional, su éxito dependerá de su capacidad para consolidarse como una política pública coherente, técnica y orientada a resultados. En otras palabras, su eficacia será el parámetro definitivo.

Si logra articularse como un organismo ágil, coordinado y preventivo, con herramientas modernas de gestión y evaluación, estará en condiciones de hacer una diferencia real. Pero si cae en la tentación de replicar fórmulas pasadas, sobredimensionadas y poco eficaces, no será más que otro ejemplo de derroche institucional que el país no está en condiciones de soportar.

En definitiva, el nuevo Ministerio deberá demostrar en el corto plazo que su creación no respondió a una urgencia política, sino a una necesidad operativa. Solo así podrá transformarse en la respuesta estructural que Chile necesita frente a uno de sus problemas más urgentes y sensibles: la seguridad ciudadana.