El derecho al olvido digital en Chile: dignidad frente a la memoria implacable de internet

La huella digital: una memoria que no olvida

Vivimos en una era donde todo queda registrado. La huella digital que dejamos en internet es persistente, ubicua y, muchas veces, incontrolable. Fotografías, publicaciones, antecedentes judiciales o simples errores del pasado pueden perpetuarse indefinidamente, condicionando la vida personal y profesional de los individuos.

Por Ricardo Bravo Cornejo | Abogado y Administrador Público

Frente a este escenario, el derecho al olvido digital surge como una necesidad ética y jurídica. No se trata de suprimir la historia, sino de equilibrar la memoria digital —potencialmente infinita— con la dignidad humana. ¿Es legítimo aspirar a que el tiempo también opere en internet como lo hace en la vida real?

El modelo europeo: una referencia inevitable

Este derecho ha sido consagrado en la Unión Europea mediante el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual faculta a los ciudadanos a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando estos resulten irrelevantes, desproporcionados o causen un perjuicio injustificado.

Así, se establece una frontera razonable entre el derecho a la información y el derecho a reconstruir una vida libre de estigmas digitales.

Chile: entre fallos judiciales y vacío legislativo

En nuestro país, el derecho al olvido digital carece de un reconocimiento explícito en la legislación vigente. La Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que regula el tratamiento de datos personales, guarda silencio sobre los efectos permanentes de la información publicada en línea.

La jurisprudencia ha intentado subsanar esta omisión. Un ejemplo emblemático es el fallo de la Corte Suprema (Rol N° 22.243-2015), donde se ordenó eliminar un enlace indexado por un motor de búsqueda respecto a un hecho superado que afectaba la vida privada del demandante. Sin embargo, el mismo tribunal ha reiterado en otras sentencias que este derecho no tiene una consagración normativa, y solo puede aplicarse de forma excepcional, mediante una compleja ponderación de derechos fundamentales.

Inseguridad jurídica y consecuencias sociales

La falta de regulación expresa genera una notoria inseguridad jurídica. Los ciudadanos deben recurrir a procesos judiciales —frecuentemente largos, costosos e inciertos— para lograr la eliminación de datos que ya no representan su realidad actual.

Mientras tanto, buscadores como Google, portales informativos y bases de datos públicas continúan funcionando como memoriales virtuales de un pasado que muchos desean dejar atrás.

La urgencia de legislar: una demanda de justicia digital

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la inacción del legislador frente a esta materia es crítica. En un entorno digital dominado por algoritmos de selección laboral, scoring crediticio automatizado y fenómenos de cancelación social, no basta con la voluntad de las plataformas ni con el criterio jurisprudencial.

Una ley clara que regule el derecho al olvido digital se haría eco de los estándares internacionales que Chile dice respetar, tales como los principios de la OCDE sobre protección de datos y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, sería un paso coherente con la actual tramitación del proyecto que moderniza la Ley de Protección de Datos Personales en el Congreso Nacional.

Dignidad digital: un derecho humano emergente

No se trata de borrar la historia, ni de restringir la libertad de prensa. Lo que está en juego es el derecho a rehacer la vida, sin la sombra perpetua de errores pasados o información obsoleta. El derecho al olvido digital no significa impunidad: implica proporcionalidad, humanidad y respeto por la evolución de las personas.

En un mundo donde la reputación se mide en resultados de búsqueda y la identidad digital influye incluso en las oportunidades laborales o sociales, es legítimo preguntarnos:

¿Debemos seguir permitiendo que internet tenga mejor memoria que la sociedad?
¿Puede el olvido digital ser una herramienta de justicia, y no un lujo mal entendido?

La respuesta no puede seguir siendo la indiferencia legislativa. Reconocer la dignidad digital como un derecho humano es un imperativo contemporáneo. Legislar sobre el derecho al olvido no es negar la historia: es permitir que la vida, también en línea, tenga derecho a seguir su curso.