Casa de Allende: Jefa jurídica de Segpres revela cronología de la firma de Boric

La jefa jurídica de Segpres admitió ante la Comisión Investigadora que conocían las inhabilidades legales, pero no está claro si se lo comunicaron al Presidente

Francisca Moya, jefa de la división jurídico-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), declaró como testigo ante la fiscalía el 20 de enero, en el marco de la causa por la fallida compraventa de la residencia ubicada en Guardia Vieja, vinculada al expresidente Salvador Allende. Su testimonio detalló la cronología de la firma del Decreto Supremo N°38, suscrito por el presidente Gabriel Boric, que autorizó una operación hoy cuestionada por su posible inconstitucionalidad.

Un decreto bajo sospecha constitucional

Durante su comparecencia este lunes ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, Moya confirmó que tanto ella como su equipo jurídico conocían las inhabilidades que podrían afectar la legalidad del decreto firmado por el Mandatario el 28 de noviembre de 2024. Sin embargo, evitó responder si esa advertencia fue compartida directamente con el jefe de Estado al momento de presentarle el documento para su firma.

Esta omisión ha generado interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenía el Presidente respecto de las implicancias legales del acto, que formaba parte del proyecto para convertir en casas museo las propiedades de los expresidentes Allende y Aylwin.

 Efectos políticos y fundamentos de la controversia

La controversia ya ha provocado la salida de dos ministras —Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y Maya Fernández (Defensa)— y el cese del cargo de la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, por parte del Tribunal Constitucional, a raíz de requerimientos presentados por Chile Vamos y el Partido Republicano.

El fondo del conflicto radica en que entre las propietarias del inmueble figuraban precisamente Fernández y Allende, ambas autoridades en ejercicio al momento de la operación, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución, que prohíben explícitamente a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado.

 Defensa desde el Ejecutivo y vínculos personales

Este martes, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, salió en defensa de Moya, a pesar de que la abogada admitió conocer la inconstitucionalidad potencial del decreto. En su declaración al fiscal Eduardo Yáñez, Moya también reveló su cercanía con el presidente Boric:

“Conocí al Presidente en la universidad, siendo parte de un grupo de amigos en esa época”, relató, añadiendo que fue contactada para asumir su actual cargo en marzo de 2022, cuando el ministro de la Segpres era Giorgio Jackson.

La amistad fue públicamente reconocida por Boric en febrero de 2019, cuando como diputado escribió en Instagram:

“Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi (…). Somos amigos hace más de 10 años”, junto a una fotografía de ambos.

La cronología del Decreto 38 según Moya

25 de noviembre de 2024:
El borrador del decreto supremo N°38 y los documentos relacionados con los inmuebles del presidente Aylwin fueron enviados desde el Ministerio de Bienes Nacionales a Segpres, específicamente al abogado José Miguel Ledesma.

26 de noviembre:
Un estafeta del ministerio entregó físicamente los documentos en la Segpres. El decreto fue cargado en el sistema y asignado inicialmente al abogado Vicente Bustos, quien no pudo revisarlo por su alta carga de trabajo.

27 de noviembre:
El decreto fue derivado a Lucas Vera, abogado aún sin título profesional según Moya, a raíz de una solicitud urgente desde Bienes Nacionales realizada por Macarena Díez. Vera revisó los tres decretos ese mismo día.

28 de noviembre:
El decreto fue incluido en el paquete de documentos que serían firmados por el Presidente. Moya no recuerda si existió una minuta resumen ni si hubo observaciones por parte del Mandatario.

“El Presidente firma uno a uno los decretos, y puede pedir antecedentes. No recuerdo que lo haya hecho en este caso”, señaló.

3 de enero de 2025:
Se realizó una reunión en la Presidencia. Moya indicó desconocer quiénes estaban a cargo de verificar las inhabilidades establecidas en la Constitución, deslindando su responsabilidad directa en la validación del acto jurídico.